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Analisis caso caranchoa

El tortazo más sonado: análisis de la calificación penal del suceso “caranchoa”

Sois muchos los que, a raíz del viral suceso del conocido como “el tortazo al caranchoa”, nos habéis trasladado vuestras consultas, pues, más allá de las diversas opiniones derivadas a raíz de los hechos, os habéis preguntado acerca de los límites que nuestra legislación impone a la hora de realizar bromas y de la respuesta por parte de sus “víctimas”. Sin embargo, a continuación, vamos a dejar de lado la opinión subjetiva para pasar a lo estrictamente jurídico: la calificación penal.

En primer lugar, debemos plantearnos cuál podría ser la responsabilidad criminal en la que incurre el youtuber MrGranBomba, como la persona que inicia el contacto con el repartidor. Para ello, partiremos de dos acciones diferentes:

  • el hecho de proferir el calificativo de caranchoa al repartidor (víctima de la supuesta broma) y,
  • por otro lado, la grabación y distribución de la imagen de la víctima con su uniforme de trabajo (aun con el rostro pixelado).

En cuanto al primer hecho, la actuación por parte del youtuber podría ser calificada como un delito de injurias tipificado en el artículo 208 del Código Penal. Este artículo establece lo siguiente:

Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.

Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 173.

Por tanto, para poder apreciar tal delito, es preciso que la expresión proferida tenga la entidad suficiente como para atentar contra la dignidad de la víctima y que, además, aquella tenga cierta gravedad desde un punto de vista social, lo cual quiere decir que debe tenerse presente el momento histórico en el que se da tal expresión para considerarla como injuriosa (esto es lo que podríamos denominar como la parte objetiva del concepto de injuria). En relación con ello y a modo de anécdocta, cabe exponer que, si bien es cierto que tal expresión no es usada comúnmente como insulto, sí lo fue durante la Edad Media, como demuestran diversas obras y documentos de la época (Crónicas de la muy admirable y valerosa cofradía de los pescadores de la mar Cantábrica, sus golfos y bahías, de 1425).

No obstante, para valorar una expresión como injuriosa, debe tenerse en cuenta no solo la parte objetiva expuesta hasta el momento, sino también la subjetiva, ya que es esencial cómo la víctima valore la gravedad de la expresión con la que se le insulta, y que considere que esta daña su honor.

El principio de intervención mínima, que rige en el derecho penal, hace que solo aquellas expresiones que sean consideradas graves (tanto en el lado objetivo como en el subjetivo) pasen a ser castigadas por la vía penal. De ahí, que hayan sido desterradas las injurias de carácter leve del Código Penal, salvo las que se producen dentro del ámbito familiar.

Si llegáramos a la conclusión de calificar tal acción como un delito de injurias, debería tenerse presente la distribución pública que se ha llevado a cabo de dicho suceso a través de las redes sociales, ya que el artículo 209 del Código Penal eleva la pena de multa hasta 14 meses si las injurias son realizadas con publicidad.

En segundo lugar, el hecho de llevar a cabo la captación y distribución de la imagen de la víctima podría constituir un delito contra el derecho a la propia imagen descrito en el apartado 7 del artículo 197:

Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.

Sin embargo, no consta que la víctima autorizara la grabación de su imagen; además, esta la realizó un tercero, y no dentro de un lugar íntimo, por lo que, salvo información en contrario, sería complicada la aplicación de tal artículo.

Expuesta hasta aquí la posible responsabilidad penal de MrGranBomba, no debemos dejar de lado la probable responsabilidad civil que puede ser exigida por la víctima, según lo descrito en la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil al derecho al honor, la intimidad y la propia imagen.

En dicha ley, se establece un marco de protección frente a todas aquellas conductas que supongan un menoscabo en el honor, intimidad e imagen de una persona, describiendo las acciones que son consideradas como intromisiones ilegítimas en tales derechos dentro de su artículo 7. En el caso estudiado podría ser de aplicación el apartado 5 de tal artículo, al considerar, entre otras, como intromisión ilegítima la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo octavo, dos.

Por tanto, este apartado considera intromisión ilegítima el uso de la imagen de una persona sin su consentimiento. El concepto de imagen debe ser entendido en el sentido de que esta sirva como medio para reconocer a una persona. Por tanto, el hecho de distorsionar su rostro no trae consigo, por sí solo, que aquella no pueda ser reconocida, ya que la voz, el resto del cuerpo, la vestimenta que presente y otras características pueden servir para llevar a cabo tal identificación.

Por tanto, que por parte del youtuber se llevara a cabo la distribución de la grabación con la cara del repartidor pixelada no supone terminantemente que la imagen de este no quede dañada, ante la más que probable situación de que sea identificado por su uniforme de trabajo, voz, gestos, etc.

En lo que respecta a la conducta desarrollada por el repartidor, consistente en propinarle una bofetada al youtuber, esta podría ser calificada como un delito leve de lesiones, descrito en el artículo 147.2 del Código Penal:  «El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses».

Sería de aplicación tal artículo si consideráramos que dicha agresión afectó negativamente a la integridad física de la víctima, sin ser preciso un tratamiento médico o quirúrgico para la curación de la lesión, como es el caso.

Por último, debemos plantearnos si la provocación de la lesión por parte de la víctima (en este caso el youtuber) podría ser considerada como una causa que elimine o justifique la agresión del repartidor.

En primer lugar, dentro de las causas que eximen de la responsabilidad penal (artículos 19 y 20 del Código Penal: minoría de edad, anomalía o alteración psíquica, alteraciones en la percepción, legítima defensa, estado de necesidad, miedo insuperable y obrar en cumplimiento de un deber o ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo) no se encuentra ninguna en la que pudiéramos encuadrar la provocación y, en segundo lugar, en relación con las causas que atenúan la responsabilidad, solo la descrita en el número 3 del artículo 21 («la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante»), sería de aplicación si se llegara a probar la producción de tal estado en el agresor a causa de la expresión que le es proferida por la víctima, lo cual llevaría a la atenuación, en su mitad inferior, de la pena del delito leve de lesiones; es decir, este pasaría a estar castigado con una pena de un mes a dos meses menos un día.

Según lo anterior, serán las resoluciones de los diversos tribunales las que nos den la solución a la calificación jurídica de tales hechos, por lo que deducimos de lo expuesto que todas las acciones que realizamos tienen no solo un reflejo social, sino también judicial.

En este sentido, a nivel social, podemos realizar un enfoque de la actuación desde un punto de vista puramente sociológico, pues, al margen de las motivaciones que pueden impulsar al youtuber a desarrollar tal conducta (fama, moda, fines lucrativos, diversión, etc.) hay algo que es evidente, y es que, aun siendo él mismo el que da inicio a la “relación” con el repartidor, muy probablemente no esperaba tal desenlace.

Pero ¿cómo podría clasificarse esta conducta no recogida en el derecho penal?

Atendiendo a la clasificación efectuada por expertos autores como Von Hentig o Mendelsohn, nos encontraríamos ante una víctima real (recordemos que las hay simuladas); pero, en este caso, se ha producido un cambio de rol, pues, a priori, el victimario ha acabado la acción que él mismo ha iniciado como víctima.

Se puede hablar, entonces, de víctimas voluntarias, provocadoras o culpables, según la conducta desarrollada por estas. Por esto, MrGranBomba quedaría perfectamente encuadrado en la categoría denominada víctima más culpable que el infractor (provocadora o imprudente): aquella que, por su propia conducta, incita o promueve al infractor a cometer la infracción.

Con ello, no se pretende sino aportar un enfoque sociológico de los hechos anteriormente narrados, lo que nos permite abrir un extenso debate: ¿qué ocurre en estas situaciones que nuestra legislación no contempla?, ¿deberían poder valorarse estas circunstancias a la hora de realizar la calificación penal de los hechos?

 

Grupo OCS

4 Comentarios
  • OpositorLUISROSALES
    Publicado 12:20h, 10 enero

    Este YouTuber es reincidente en este tipo de bromas, que, curiosamente, ha eliminado todas las demás en las que tocaba, acosaba e itimidaba a diferentes “victimas” de sus bromas. Creo que aunque no caiga todo el peso de la ley sobre él ese tortazo le ha propinado una lección que seguramente en su infancia no tuviera. Gracias por vuestro aporte

  • manager
    Publicado 09:48h, 12 enero

    Nos alegramos de que te haya resultado interesante el post.

  • Pablo Rodríguez
    Publicado 11:05h, 16 enero

    Si no me equivoco, también cabría aplicación de la LOPD al subir datos a Internet que faciliten el reconocimiento del repartidor. La AEPD nos recuerda en su página web que, aunque una grabación realizada en la calle por parte de un particular podría considerarse “ámbito personal” y no sería de aplicación la LOPD, si dicho fichero se sube a Internet, sí cabría la aplicación de la citada ley.

  • manager
    Publicado 11:26h, 16 enero

    En la publicación, efectivamente se trata la circunstancia a la que haces referencia desde diferentes puntos de vista. Muchas gracias.

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