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Abogados y policías

Academia oposiciones Policía Nacional Grupo OCS Beatriz de Vicente

Abogados y policías

Abogados penalistas y policías parecemos ser a primera vista enemigos naturales: ellos detienen a los delincuentes y nosotros lidiamos para liberarlos; esa es una similitud aparente de nuestras respectivas funciones profesionales, pero la realidad es otra bien distinta. Pues ambos, a priori y salvo excepciones, luchamos en el mismo lado (el de los que no quebrantan la ley) y tenemos el mismo objetivo: hacer de nuestro mundo un lugar mejor donde vivir.

Un buen amigo juez me dijo un día que un policía enfadado con un abogado que había puesto en libertad a un detenido le dijo que éramos los frenos de la justicia, y el magistrado le contestó: «¿Qué sería de un vehículo sin frenos?».

La etimología de la palabra abogado procede del latín advocatus. Cabría pensar que el vocablo hace referencia al término vocatus, de vocal, que se refiere a alguien que habla mucho, pero no es así. Advocatus tiene su origen en la expresión latina ad auxilium vocatus ‘el llamado para auxiliar’. Por su parte, en el Diccionario de la Real Academia Española, la primera acepción de la palabra policía es la siguiente: «Cuerpo encargado de velar por el mantenimiento del orden público y la seguridad de los ciudadanos, a las órdenes de las autoridades políticas».

Una simple lectura del sentido de cada una de estas palabras nos permite comprender que ambas hacen referencia a labores encaminadas a ayudar a nuestros conciudadanos, al mantenimiento del orden y la seguridad, a la correcta administración de la justicia, al respeto y aplicación de los derechos fundamentales y, en suma, al auxilio de los necesitados.

Abogados penalistas y policías siempre aparecemos en el lado oscuro del comportamiento humano, el del crimen, el de las conductas que perturban la paz social, y de ahí que nuestra función sea resolver la rotura de ese equilibrio comunitario: los agentes de la autoridad, investigando los hechos con apariencia delictiva, identificando a sus autores, recabando las pruebas que permitan demostrar su culpabilidad y procediendo a su localización y detención para ponerlos a disposición judicial; los abogados, auxiliando a las víctimas (cuando somos acusación particular o ejercemos de oficio la defensa de sus intereses, para que la victimización secundaria —la que deviene después de la comisión del delito y emana de la investigación judicial, la rudeza del procedimiento y la dificultad de enfrentarse a la instrucción judicial— sea menos gravosa para la parte más débil del proceso penal) o a los investigados, garantizando con ello sus derechos constitucionales. ¿Qué sería de un sistema de control social sin límites, sin derechos ni garantías? Volveríamos a la Edad Media y la actual escrupulosidad de la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, su valía y su eficacia se difuminarían en manos de quienes ejercieran la autoridad desde el abuso y la desproporción.

El derecho a la asistencia de un abogado está reconocido en nuestra Constitución en su art. 24.2, que establece que «todos tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado». Así mismo, la labor policial es imprescindible para mantener la paz social, para defender los intereses de los desfavorecidos y para velar por la seguridad de nuestra comunidad. Así lo establece la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, donde priman en la función de todo policía el respeto a los derechos fundamentales, la neutralidad, imparcialidad, integridad y dignidad, exigencias que hacen de su función una de las más relevantes en aras a conseguir el sueño de un mundo mejor.

Abogados y policías no solo no somos enemigos, sino que en realidad somos aliados: ningún atestado podría culminar sin nuestra presencia; ningún detenido, declarar en nuestra ausencia. No existiría el proceso penal sin la figura del policía ni la del abogado. Ambos somos elementos esenciales suyos, desde la fase de investigación hasta la fase del juicio oral —en la que el agente debe defender su trabajo, y en la que la eficacia de las pruebas obtenidas con respeto a las garantías procesales permite alcanzar una sentencia justa—, pasando por la instrucción judicial. Y digo justa porque la labor policial no solo consiste en conseguir la condena de los detenidos. En ocasiones, su función evita la condena de un inocente, pues no debemos olvidar que los hombres somos falibles y nuestra naturaleza nos aboca al error como forma de aprendizaje. ¿Creen de verdad que todo detenido es culpable, que todo absuelto es inocente, que nunca fallamos en nuestras posturas y asertos? Lo importante es actuar por el bien común y hacerlo respetando los derechos que nuestra legislación otorga a todos los ciudadanos.

Policías y abogados tenemos las mismas guías de trabajo: la ley y la Constitución. Y perseguimos, por contradictorio que parezca, el mismo fin: garantizar los derechos de los ciudadanos. Víctimas y agresores son sujetos susceptibles de derechos, y esa es precisamente la justicia del sistema procesal: no condenar a nadie sin oírlo, sin que tenga derecho a la defensa. De ese modo, toda condena así impuesta resulta justa.

Seamos pues compañeros y cómplices en nuestra labor profesional, garantes de la seguridad y la legalidad de todos y cada uno de los ciudadanos, y hagamos con ello que el complejo campo de la criminalidad en el que nos movemos se torne en algo práctico para nuestro entorno social, con lo que conseguiremos que nuestro trabajo sea beneficioso para todos.

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